REGISTRO DE CASOS DE VIOLENCIA ESTATAL
A partir de las asunciones de los gobiernos nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a principios de diciembre de 2015, comenzaron a conocerse situaciones de violencia de diverso tenor ejercidas por distintas fuerzas de seguridad y policiales: excesivo e injustificado uso de armas de fuego; operativos de saturación policial sin motivo; razzias; represión ante protestas sociales y sindicales; ingresos brutales a barrios; actividades de control abusivas, etc.
Si bien es cierto que estas situaciones no se iniciaron con la nueva gestión del macrismo, sino que son prácticas históricamente ejecutadas por las fuerzas de seguridad, lo cierto es que la desarticulación de diversas áreas del gobierno nacional que ejercían instancias de control, ha generado lo que parece ser una vía libre al incremento de esas violencias y abusos.
A ello se suma el fallo dictado los últimos días de diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que la máxima autoridad judicial de la CABA habilita a las policías locales y federales a requerir arbitrariamente documentos de identidad en la vía pública, al afirmar que ello forma parte de las tareas habituales de "control y prevención del delito". Esto implica un aval y una legitimación del poder judicial a prácticas que violan garantías básicas de todas las personas, y muy en especial a las que son habitualmente construidas como sospechosas: jóvenes, habitantes de barrios populares, personas sin techo, etc. Prácticas que, como se sabe, han llevado al Estado Argentino a ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Bulacio, sentencia del año 2003).
Asimismo, y en este contexto, el Estado viene interviniendo de modo violento y con una utilización indiscriminada de su fuerza en dos situaciones que, a la par que aumentan los despidos, la inflación y las situaciones de desamparo social, también aumentan: la protesta social, y la economía informal. Así, hemos visto casos de represión a trabajadores/as en lucha, y persecución y uso de fuerza frente a situaciones que tienen su origen en la falta de trabajo -como es el caso de los "manteros"- o la vulneración de derechos -como en los casos de las personas en situación de calle-.
Estas prácticas no surgen de la mala actuación de uno o algunos funcionarios públicos, sino que constituyen prácticas ilegales y sistemáticas, sostenidas por el aparato del Estado de modo formal, a través de la elaboración de normas de baja jerarquía -resoluciones, decretos, instrucciones- pero de enorme efectividad, en tanto no son cuestionadas por el aparato judicial.
A partir de esta caracterización, el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles (AciFaD) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) hemos resuelto construir un Registro de Casos de Violencia Estatal (RECAVE), con el objetivo de relevar las situaciones que se desarrollen en la CABA y el Conurbano, y el modo en que los casos se difunden a través de los medios.
Con ese objeto, conformamos un equipo de abogados/as, sociólogas, familiares y militantes de derechos humanos; y creamos una página de Facebook, un correo electrónico, en el que invitamos a quienes hayan padecido situaciones de violencia estatal cometidas por fuerzas de seguridad o por parte del sistema de justicia, o por parte de cualquier otra institución del Estado, o conozcan casos de este tipo, a que los compartan.
También invitamos a quienes quieran hacer llegar su caso personalmente, a que se acerquen los martes de 16 a 19 a la sede de la LADH, sita en Avda. Corrientes 1785 2do. C.